Joaquín Galindo

Destapando el FITE

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Redacción CyC

El FITE (Fondo de Inversiones de Teruel) forma parte del debate político turolense y aragonés, está continuamente en los medios de comunicación y hasta en las tertulias ciudadanas. Es destacable su importancia para la economía de la provincia, igual que son objeto de discusión los procedimientos de selección de proyectos, la finalidad de sus inversiones, y su contribución global al desarrollo de Teruel. En este reportaje intentamos arrojar algo de luz sobre todas estas cuestiones.

¿Qué es el FITE? ¿Desde cuándo existe?

El FITE (Fondo de Inversiones de Teruel) es un instrumento financiero creado en 1992, por acuerdo entre la Administración General del Estado y la Diputación General de Aragón.  Su creación fue consecuencia de un acuerdo político, dado que la provincia de Teruel se encontraba fuera del llamado “Ob-jetivo 1” de los fondos estructurales europeos, a pesar de sus reconocidos problemas de despoblación.  El peso de Zaragoza, en el conjunto de Aragón, y del sector minero-eléctrico, dentro de la provincia, “camuflaban” en términos estadísticos la realidad de Teruel.

El vigente convenio de colaboración entre ambas Administraciones se firmó en marzo de 2015.  Es muy didáctica su exposición, en cuanto a la evolución de este Fondo: “la Comunidad Autónoma de Aragón, no siendo beneficiaria del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)  por su nivel de renta, presenta desigualdades interterritoriales significativas sobre las que la política regional no puede actuar eficazmente con los mecanismos de carácter general disponibles. De ahí que, en este sentido, la provincia de Teruel deba ser objeto de la acción pública para la mejora de su dotación de capital productivo y su nivel de renta. (…) la Diputación General de Aragón se encuentra interesada en colaborar con la Administración General del Estado para facilitar la financiación de proyectos de inversión que promuevan directa o indirectamente la generación de renta y de riqueza en la provincia de Teruel.

A tal efecto, se creó el llamado “Plan Especial de Teruel”, que a lo largo de los años ha ido cambiando su denominación, llamándose en la actualidad “Fondo de Inversiones de Teruel” (FITE).

¿Cuál es la dotación financiera del FITE?

La actual dotación es de 60 millones de euros anuales, aportados al 50% por el Gobierno central (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y el Gobierno de Aragón.  Esta dotación es casi 6 veces superior a la dotación inicial firmada en 1992, ya que el Fondo ha sido objeto de sucesivos convenios y revisiones al alza. El propio Convenio explica esta evolución: “(…) se firmó un primer convenio quinquenal entre ambas partes el 20 de octubre de 1992, por el que se establecía una aportación de 950 millones de pesetas por parte de las dos Administraciones implicadas, cada uno de los años de vigencia del convenio. El 7 de abril de 1997 se firmó un nuevo convenio con la misma finalidad que el anterior, que expiró con el ejercicio presupuestario de 2001, en el que se aumentó la aportación de cada una de las Administraciones hasta 1.800 millones de pesetas anuales. El año 2002, ambas Administraciones suscribieron un nuevo convenio, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006, y al que han venido aportando 15.025,30 miles de euros cada una de ellas. En 2006 acuerdan dar continuidad a la política iniciada, suscribiendo una modificación al convenio en vigor por la que se introduce el compromiso de que cada una de las Administraciones aportará la cantidad de 30.025.300 euros anuales, en la anualidad de 2006”.

¿Qué financia el FITE? ¿A qué puede dedicarse?

El objeto es muy amplio, ya que el Convenio habla de “proyectos de inversión que promuevan, directa o indirectamente, la creación de renta y de riqueza en la provincia de Teruel en el marco establecido por el presente Convenio”.  Ahora bien, esta definición se precisa más adelante, ya que se habla de:

Proyectos: Se financiarán preferiblemente los proyectos enmarcados en las siguientes líneas:

-Apoyo a iniciativas empresariales, fundamentalmente en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico.

-Apoyo a las infraestructuras para la implantación de empresas.

-Infraestructuras de transportes y comunicaciones.

-Proyectos estratégicos y singulares.

-Infraestructuras municipales.

-Puesta en valor del Patrimonio Cultural y Ambiental.

Obsérvese que el Convenio dice “preferiblemente”, es decir, no es excluyente respecto al tipo de proyectos (el Convenio no impediría, por ejemplo, que se pudiera financiar una infraestructura sanitaria como el Hospital de Alcañiz).  Igualmente, puede discutirse si determinadas infraestructuras municipales (por ejemplo, el arreglo de una calle) es un proyecto que “promueve la creación de renta y riqueza en la provincia de Teruel”.  En resumen, el Convenio es claramente discrecional en la aplicación de proyectos y fondos.

Lo que sí parece más claro es el hecho de que se financian solamente “proyectos de inversión”.  En finanzas públicas, las inversiones tienen una definición muy precisa: son los gastos en infraestructuras, equipamientos y bienes materiales que constituyen un aumento o mejora del patrimonio público; se corresponde con el Capítulo 6 de los presupuestos municipales.  De ahí se sigue que no se pueden financiar con el FITE gastos corrientes (Ej., pago de nóminas, contrataciones de servicios…) u otros gastos.

Este hecho se ha producido en años sucesivos, como ha sido los gastos del contrato con Dorna Sport (empresa propietaria de los derechos del GP de motociclismo que se celebra en Motorland), o la ampliación de capital de sociedades públicas como el Aeródromo de Caudé (Teruel) o Ciudad del Motor de Aragón, S.A.  Así lo denunció en su día la Cámara de Cuentas de Aragón, y buena parte de la izquierda aragonesa.

¿Quién decide sobre el FITE? ¿Quién lo administra?

Siendo el FITE un mecanismo de concesión de subvenciones, la mayor parte de éstas no están, paradójicamente, sujetas a convocatoria pública.  No es la única anomalía existente en la gestión de este Fondo.  En este sentido, el Grupo de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón elevó ya en 2013 una queja al Justicia de Aragón en este sentido, donde concretamente señalaba, entre otras cosas:

La  concesión de  ayudas (se realiza) sin  convocatoria   pública y concurrencia   competitiva,  sino    de   manera discrecional.    Así, se  revela en  circunstancias  tan  llamativas  como que el tercer municipio de la provincia en número de habitantes (Andorra, 8.266), gobernado en los últimos mandatos por Izquierda  Unida, no ha recibido ni un solo euro, mientras que localidades menores han recibido cantidades que llegan a suponer más de 4000 o 5000 euros per cápita, casualmente gobernadas por los partidos coincidentes con el Gobierno de Aragón.

 Igualmente, los proyectos incluidos son de temáticas absolutamente dispares, sin que se pueda apreciar la existencia de criterios de concesión que atiendan a necesidades o prioridades determinadas, abarcando desde la compra de parcelas, sondeos de agua o mejoras de redes de abastecimiento, alumbrado, hasta la construcción o mejora de infraestructuras turísticas, casas de cultura, centros sociales, telecentros, cines-teatro, edificios multiusos, pasando por cubrir el  pabellón municipal en un municipio de 79 habitantes. La mayoría de estos proyectos  no guardan relación con el apoyo a infraestructuras para la implantación de empresas, sino que se  asemejan a los planes provinciales  de las Diputaciones, pero sin convocatoria pública y otorgando las  ayudas de forma  partidista, a nuestro juicio.

Todo ello demuestra que se ha hecho un uso del dinero público que, cuando menos, cabe calificar de arbitrario, basado en criterios  no objetivos ni sometido a la concurrencia competitiva, que es el procedimiento  ordinario de concesión; en  definitiva, con claras evidencias de una utilización partidista de los mismos.

Por su parte, el partido “Com-promiso con Aragón” presentó en julio de 2013 una denuncia ante la Fiscalía de Teruel por el reparto "arbitrario, político y partidista" del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 2012 "en favor de las alcaldías del PP, PAR y PSOE".  El partido señalaba que "se han repartido más de 8,5 millones de euros en beneficio de unas siglas políticas", mientras ha habido "una clara discriminación a municipios gobernados por CHA, IU y Compromiso con Aragón, con un reparto sin bases, sin criterios y sin pública concurrencia".  Igualmente, argumentaba que “en el reparto de los últimos cuatro años hay municipios como Ráfales que reciben todos los años subvención y no estamos hablando de 20.000 euros, sino de 600.000 o 700.000 euros, reiteradamente". Además, indicaba que "estamos hablando de un total de 600 millones de euros, que se han repartido durante los diez últimos años, que deberían servir para vertebrar el territorio y no para beneficiar a unas listas políticas o unos cargos".

A raíz de este tipo de quejas y denuncias, el Justicia de Aragón (20/02/2014) emitió un informe sobre el tema, donde apuntaba las siguientes sugerencias y recomendaciones:

- publicidad de los concretos parámetros y criterios empleados para la selección de proyectos a financiar mediante subvenciones por concesión directa.

- motivación de manera suficiente de las decisiones de selección, inclusión o exclusión de proyectos.

control posterior de la correcta ejecución de los proyectos y correcto destino de los fondos otorgados.

- excepcionalidad en su previsión y concesión.

No obstante, los problemas han continuado, y en enero de 2016 saltaron las alarmas cuando el Gobierno central se negó a prorrogar el convenio de 2014, que afectaba a unos 8 millones de obras en ejecución.  Desde algunos partidos se habló de “insolidaridad” con Teruel o con Aragón.  Desde “Ganar Alcañiz”, sin embargo, emitió una nota de prensa en la que indicaba:

Desde su creación, el Instituto Aragonés de Fomento y el FITE que administra han servido para distribuir fondos, repartir prebendas a los Ayuntamientos ‘amigos’ y amenazar o asfixiar a los ‘enemigos’.  Eso ha funcionado con PP, PSOE y PAR, “con una alta responsabilidad de este último (gestor del IAF en los últimos 16 años).

El FITE ha sido la “chequera” con la que los jefes de la provincia podían financiar el arreglo de calles de un pequeño pueblo, pero negar la financiación del hospital de Alcañiz o la compra de los terrenos, financiar a un Parque cultural pero a otro no, invertir en la ciudad de Teruel pero no en el Jiloca o en Andorra, meter 100 millones en Motorland pero asfixiar al Ayuntamiento de Alcañiz… y todo ello sin convocatoria pública, sin objetividad, y sin más criterio que el amiguismo político”.

Asimismo, Ganar Alcañiz denuncia que los plazos a la hora de adjudicar subvenciones, y que ahora han fallado, han sido una pieza más de este engranaje, manteniendo las mismas en el aire hasta última hora, o poniendo contra las cuerdas a los Ayuntamientos según su color, pero en esta ocasión, se les ha ido la mano, y eso lo ha aprovechado el gobierno de Madrid, sin otro horizonte que el cumplimiento del déficit, y que estos días debe estar ‘replegando’ todas las partidas presupuestarias sin ejecutar.

Desde la izquierda aragonesa (CHA, IU, Podemos, Ganar…) se ha venido defendiendo esta necesidad de transparencia.  En este sentido, se aprobó una Proposición No de Ley presentada por CHA en 2016.  Igualmente, Podemos pidió en enero pasado una auditoría sobre los 23 años del FITE, dado que, en su opinión  "ha habido un mal uso de esos fondos" y "no han cumplido la misión para la que fueron creados"; señalaban que no se han hecho estudios sobre las necesidades de la población y, al final, se han construido muchos "frontones municipales y polígonos sin empresas" con esos fondos; igualmente, reprocharon la falta de transparencia en la convocatoria de las partidas como en los criterios de adjudicación y en la propia gestión.

¿Ha sido útil –es– el FITE para la provincia?

Para responder la esta pregunta, hay que tener en cuenta algunas cuestiones:

- La dotación del FITE, 60 millones de euros anuales, siendo significativa, representa apenas el 1,17% del PIB provincial.  Por tanto, sus efectos son forzosamente limitados.

- Una de las acusaciones más habituales que se ha hecho al FITE es que ha pasado de ser un fondo complementario, a un fondo ordinario, con el que se realizan inversiones que deberían hacerse con los presupuestos habituales, pero no caben en el mismo (Ej., arreglo de calles, carreteras, traídas de aguas, etc…).

- El FITE ha financiado casi todas las actuaciones al 100%.  No ha cofinanciado proyectos con otros fondos (por ejemplo, fondos europeos).  Por tanto, se ha perdido la oportunidad de generar un “efecto palanca” más potente; es decir, que con 100 euros de aportación del FITE pudieran realizarse obras por valor de 200 euros.

- La mayor parte del presupuesto del FITE se canaliza en una serie de proyectos “estratégicos”, que son los que han copado el mayor volumen económico.  Se trata de: Motorland en Alcañiz, Platea, el aeródromo de Caudé, Dinópolis, el CEFCA y las instalaciones de esquí de Gúdar y Javalambre.  Por tanto, la rentabilidad (o no) del FITE se mide directamente con la rentabilidad de estos proyectos y, lo cual es objeto de diversas percepciones y de discusión política.  Hablamos de empleo directo o indirecto, el generado durante la construcción y durante el desarrollo, las ayudas adicionales para el mantenimiento o para la instalación de empresas en dichos espacios, etc…

- La distribución geográfica de los fondos también ha sido objeto de debate.  Mientras que Teruel y alrededores han acaparado gran parte de las inversiones, el Bajo Aragón ha visto casi exclusivamente el proyecto de Motorland, y comarcas como el Jiloca no han recibido prácticamente ningún proyecto de importancia.

- Los objetivos expresos del FITE son “la mejora de su dotación de capital productivo y su nivel de renta (de la provincia), y  “promo-ver directa o indirectamente la generación de renta y de riqueza en la provincia de Teruel”.  Sin embargo, no hubo nunca objetivos cuantificados –en  términos de renta o empleo-, que permita saber si el FITE ha cumplido los objetivos para los que fue creado.  Igualmente, las evaluaciones han sido muy escasas (sirva como ejemplo el estudio realizado en el año 2009 por el Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales, con profesores de la Universidad de Zaragoza).

- Por otra parte, el FITE es un elemento más de la acción pública, pero existen muchos otros factores que condicionan el desarrollo de un territorio: los recortes generalizados en el resto del gasto público, otros programas de ayuda (MINER, REINDUS, LEADER…), la  política energética que cierra el carbón y ahoga el desarrollo de las renovables, una PAC injusta con el territorio turolense, etc… Por tanto, cualquier análisis de los resultados del FITE debería tener en cuenta todos estos factores.  A su vez, hay quien dirá que, si no existiera el FITE, la situación económica y demográfica de la provincia sería mucho peor, a la vista del escenario existente.  Pero, como decimos, la ausencia de evaluaciones exhaustivas y rigurosas –o su difusión- impide contrastar estas afirmaciones, más allá de juicios de valor o meras percepciones. Ω

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