Joaquín Galindo

Contrato con Aquagest: fin del juego

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Miguel Angel Gracia, Concejal de IU 2003-2015

Redacción | CyC

El pasado 16 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dio la razón a Izquierda Unida (IU) y desestimó el recurso presentado por el Ayuntamiento de Alcañiz y por la empresa Aquagest, que intentaban salvar la prórroga del contrato entre ambos, firmada en 2012, a cambio de 2.300.000 euros reembolsables con intereses.

La sentencia supone un auténtico varapalo judicial y político para el PP y para el Alcalde Gracia Suso.  ¿Cuál es el origen de este proceso? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué escenarios se abren ahora?  En este reportaje intentamos responderlo.

¿Como hemos llegado hasta aquí?

En la primavera de 2012, y con el pretexto de “salvar” una situación financiera, según Juan Carlos Gracia Suso “caótica” en el Ayuntamiento de Alcañiz (“herencia” de los años de gobierno de IU), el Alcalde promueve la prórroga del contrato de concesión del servicio de aguas, vigente hasta 2017 y gestionado por la empresa Aquagest, por un periodo de 29 años (hasta 2041), a cambio de un anticipo del canon por valor de 2.300.000 euros, reintegrable con intereses.

Izquierda Unida fue el único grupo municipal que votó en contra de aquella operación, en el Pleno del 4 de julio de 2012; el PP votó a favor, y PSOE y PAR se abstuvieron (éste último, a última hora, y ante el voto en contra de IU, ya que había sido firme partidario de la prórroga y su Concejal, José María Fuster, parte activa de las negociaciones para la misma).

IU presentó el 27 de julio de 2012 un recurso de reposición dentro del propio Ayuntamiento, del que no recibió contestación; los argumentos de dicho recurso de reposición fueron tres:

1. La decisión de prorrogar nada menos que 29 años el contrato, directamente por el Pleno, basada en el hecho de que el contrato original vigente se realizó en 1994, cuando regía la franquista Ley de Contratos del Estado, que permitía este tipo de prórrogas. Esta interpretación iba totalmente en dirección contraria a la actual normativa sobre contratación pública, que es mucho más restrictiva, además de ser transposición de legislación comunitaria de obligado cumplimiento.

2. El hecho de que se anticipe una cantidad y luego ésta se detraiga del canon, suponía en la práctica una modificación del precio de contrato y de la forma de retribución del contratista, ambas condiciones esenciales del contrato, cuyo cambio requeriría una nueva licitación, de acuerdo con la legislación vigente.

3. Y finalmente, el hecho de recurrir a un anticipo reintegrable con intereses y a 29 años, indicaba que el Ayuntamiento estaba acogiéndose a una operación financiera a largo plazo para financiar su gasto corriente, algo que siempre ha estado prohibido para los Ayuntamientos, por lo que esta operación podría ser un fraude de ley, a juicio de IU.

      Los dos primeros argumentos constituyeron a su vez la columna vertebral del recurso contencioso- administrativo presentado en octubre de 2012, al que se añadió el argumento (formal, pero fundamental), de que una prórroga de este calibre se había aprobado sin informe obligatorio del Interventor municipal. Con dicho recurso, Izquierda Unida pretendía los siguientes objetivos (según nota de prensa publicada en su día):

1. Demostrar la ilegalidad flagrante perpetrada por Suso y sus concejales, en el ejercicio de su cargo y que, por tanto, habían sido los primeros en saltarse unas reglas de funcionamiento que atañen a todos los ciudadanos, pero aún más a quienes ejercen responsabilidades de gobierno.

2. Demostrar que el Alcalde Suso y su equipo de gobierno cerraron una operación que, además de ilegal, era nefasta para los intereses de la ciudad.  Una operación, donde se terminaba pagando 5,1 millones de euros por un préstamo de 2,3 millones, hipotecando el servicio de aguas durante 7 legislaturas completas, con intereses propios de bono-basura cuando no existía riesgo alguno de impago, y donde, a falta de una, se le ofre-cían a una empresa privada dos vías de negocio: la gestión del servicio de aguas y el préstamo de dinero con intereses…sin ser un banco.

3. Demostrar que existían otras vías para sanear las arcas municipales, menos onerosas para el Ayuntamiento y además legales, como podría haber sido una nueva contratación del servicio de aguas, que en cualquier caso finalizaba en 2017.  El Ayuntamiento hubiera obtenido igualmente la liquidez que necesitaba y la empresa hubiera podido percibir la indemnización a que tuviese derecho.

Sin embargo, el Alcalde Suso y sus Concejales defendían a ultranza el acuerdo, llegando a lanzar ultimátum del estilo de  “O Aquagest, o despidos”, como llegó a afirmar el Concejal Nacho Esparrells.

En septiembre de 2013, la Sala de lo Contencioso-Admnistrativo de la Audiencia de Teruel falla a favor de Izquierda Unida, dándole la razón en todos y cada uno de sus argumentos:

- Sobre la prórroga, aquella Sentencia afirmaba “Las modificaciones relativas al plazo o a prestaciones complementarias, están prohibidas por los artículos 105 a 107 del TR de 2011, puesto que no estaban previstas en los pliegos de condiciones, de modo que debía resolverse el contrato y haberse licitado nuevamente en la forma legalmente prevista. La infracción de dicha normativa constituye nulidad de pleno derecho”.

- En relación con el anticipo del canon, señala “es inadmisible que las prórrogas lleven consigo otras modificaciones relativas a las contraprestaciones del contrato y no previstas en el pliego de condiciones, como es el caso, puesto que ello constituye una alteración sustancial del contrato”.

- Finalmente,  también señala que “se constata que no ha habido fiscalización del Interventor, pues no hay informe de Intervención distinto al informe de 3 de mayo de 2012 obrante en el expediente, referido a dos propuestas anteriores a la definitivamente aprobada, en las que el canon a pagar se fijaba de forma diferente a la aprobada, y en las que no constaba la tabla de amortización.  La falta de fiscalización del interventor general (...) constituye omisión de un trámite esencial determinante de nulidad (artículo 62 Ley 30/92)”.

A pesar de la abrumadora evidencia en contra, el Alcalde Suso y la empresa Aquagest recurrieron el fallo ante el TSJA en octubre de 2013. Sólo IU estuvo en contra de que el Ayuntamiento recurriera. En junio de 2016, dicho Tribunal no ha hecho sino ratificar punto por punto todo lo fallado por la Audiencia de Teruel, declarando nula la prórroga por todos y cada uno de los motivos anteriores.

En este sentido, es significativa la relación entre la empresa y el alcalde: el recurso fue presentado de manera conjunta, los documentos de la prórroga inicial fueron redactados por los servicios jurídicos de Aquagest, fue la empresa la que buscó abogados comunes para ambas partes; incluso, el TSJA señala en su Sentencia que el informe antiguo que sirvió de base a la aprobación de la prórroga no había sido redactado por el Interventor (¿por quién, entonces?).  Esta relación no ha sido explicada en ningún momento por el Alcalde Gracia Suso y se amplía a otros campos: por ejemplo, es vox populi que los fuegos artificiales de las Fiestas Patronales de 2012, fueron pagados por Aquagest, pero el Alcalde se ha negado siempre a facilitar información sobre el patrocinador.

Finalmente, cabe hacer una mención al “destino” del dinero anticipado: al contrario que los créditos a largo plazo otorgados por los bancos, los 2,3 millones de euros no fueron utilizados para obras o para gastos asignados de manera concreta y específica; es un dinero que fue a la caja común del Ayuntamiento, con el que se han sufragado indistintamente los gastos del día a día: nóminas, facturas, etc., gastos que, por otra parte, no corrían riesgo de impago (especialmente, las nóminas de los trabajadores). 

¿Qué consecuencias tiene la sentencia?

Al haberse declarado nula la prórroga del contrato, el mismo vuelve a los orígenes, y sigue vigente el contrato anterior, que termina el 1 de enero de 2017.  Desde el punto de vista del servicio, éste sigue siendo prestado por Aquagest, y los usuarios no han de notar ninguna diferencia.

Desde el punto de vista económico, cabe pensar que habría que “devolver” los 2,3 millones de euros.  Sin embargo, esto no es exactamente así.  Veamos por qué.

En primer lugar, la operación financiera ha sido anulada por la Sentencia, por lo que no ha lugar a cobrar intereses de ninguna clase; sólo cabría devolver el principal.  De hecho, Aquagest no es, en este caso, un tercero “de buena fe”, o un “engañado”, sino parte activa de una operación financiera muy beneficiosa para la empresa, pero que ha sido anulada por la Justicia.  Por tanto, el “derecho” a la devolución podría quedar también en entredicho.

En segundo lugar, el dinero fue aportado efectivamente por Aquagest en noviembre de 2012; desde esa fecha y hasta mayo de 2016, Aquagest ha venido detrayendo del canon que le correspondía pagar al Ayuntamiento, cantidades en concepto de capital más intereses, que ahora son parte del capital ya devuelto.  Aproximadamente, el Ayuntamiento habría devuelto ya del orden de 540.000 euros (180.000 euros por año completo), es decir, el 23% de la cantidad anticipada.

El resto no tendría por qué abonarse inmediatamente: los plazos y forma de la devolución son negociables, y en última instancia, el importe (aproximadamente 1,8 millones de euros) puede considerarse una carga del servicio (igual que una finca tiene una hipoteca) que puede ser plenamente asumida por el nuevo gestor del servicio, en la hipótesis de una nueva concesión del mismo a partir de 2017.

Finalmente (last, but not least), el Ayuntamiento se evita tener que pagar unos intereses tan altos que convertían los 2,3 millones de euros iniciales en más de cinco a devolver, ahorrándose por lo tanto 2,8 millones de euros. Aquí, claramente ha salido ganando el Ayuntamiento...como, paradójicamente, ha llegado a reconocer el propio Alcalde.

La lucha por el agua pública

Esta decisión judicial representa también un importante varapalo a los procesos de privatización del agua, no sólo en Alcañiz, sino en Aragón y en España.  Como sabemos, dicha privatización se ha venido generalizando en un contexto de falta de recursos públicos, ya que ha sido para muchos Ayuntamientos una forma de “hacer caja” a corto plazo y poder dotarse de unas infraestructuras e inversiones que no pueden sufragar directamente.  Todo ello, sin que se haya demostrado que la gestión privada sea en modo alguno más eficaz o más eficiente que la pública.  El procedimiento que se sigue es el de concesión administrativa: el agua sigue siendo “pública”, pero su gestión es encargada a una empresa privada, que se beneficia de un mercado cautivo durante un periodo de entre 10 y 20 años; a cambio, la empresa paga al Ayuntamiento un canon de concesión (canon que puede suponer del orden del 10-15% de los ingresos totales obtenidos por la empresa a través de la tarifa del agua).

Así, en Aragón, la empresa Sastesa (participada al 49% por Aguas de Valencia, S.A., y por la Diputación de Teruel con un 51%) controla (en diferentes porcentajes) las aguas de Teruel capital y la traída de agua en alta a Alcañiz, Calanda, y 6 municipios más del Bajo Aragón; Aquara  -antes Aquagest, del grupo Aguas de Barcelona- gestiona 20 municipios: además de Alcañiz, Calatayud, Gallur, Graus, El Burgo de Ebro, Alfajarín, o Cadrete. Por su parte, Aqualia (depen-diente de FCC) gestiona Fraga, Caspe, y la propia traída de agua en alta hasta la ciudad de Zaragoza.

En este contexto, la Sentencia de Alcañiz es ejemplarizante, tanto en Aragón como en el resto de España, de cara a nuevas privatizaciones o prórrogas de las actuales concesiones, demuestra que no se puede operar con impunidad en este ámbito -por grandes que sean los intereses y potentes las empresas-, y dota de razones jurídicas a la lucha social y política.

Igualmente, la Sentencia abre la puerta al rescate del servicio público.  En realidad, si la legislación simplemente prohibiese que los ingresos del canon de concesión que reciben los Ayuntamientos se utilizasen en otra cosa distinta de las propias obras hidráulicas (como sucede, por otra parte, en la mayoría de los países europeos), la privatización dejaría de ser una opción atractiva para los municipios.  El servicio público puede ser tan eficaz o más que el privado, y además no tiene que asumir ningún margen de beneficio, por lo que resultar habitualmente mucho más económico que el privado.  En el caso de Alcañiz, se cuenta con datos suficientes, tanto de ingresos -vía tarifa- como de gastos (costes de explotación).  El debate se abre ahora, el 1 de enero de 2017 tiene que haber un nuevo gestor de agua en la ciudad...Ω

 

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