Zonas libres de paraísos fiscales

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Una de las formas en las que las empresas retornan sus beneficios a la sociedad es mediante el pago de impuestos. A través de ellos devuelven a los países en los que operan una parte de la riqueza que crean, contribuyendo, de esta forma, al bienestar del conjunto de la ciudadanía.

Podríamos entender como responsabilidad fiscal de las empresas, no sólo que cumplan con las obligaciones tributarias, que se presupone deben cumplir, sino que paguen los impuestos sin buscar beneficiarse de las lagunas existentes en las legislaciones tributarias, no realicen prácticas de elusión de impuestos, no diseñen esquemas de ingeniería fiscal, no trasladen beneficios hacia paraísos fiscales, sean transparentes sobre el pago de los impuestos donde operen, y rindan cuentas a la ciudadanía sobre su comportamiento fiscal. Esto implicaría que las empresas entiendan los impuestos no como un coste a reducir o minimizar sino como una medida de contribución al bienestar general.

La desigualdad extrema y creciente es una de las causas principales de la pobreza y de la ausencia de oportunidades de desarrollo de millones de personas a nivel global. Una fiscalidad justa y progresiva contribuye a redistribuir los recursos y a conformar sociedades más equitativas y cohesionadas. La elusión y la evasión fiscal le cuesta mucho dinero a la ciudadanía. En España, el 72 % del fraude fiscal proviene de las grandes empresas y fortunas. Los paraísos fiscales son el principal medio por el que se pierden estos recursos. Y el problema va en aumento, siendo la inversión española en los paraísos fiscales ya un 24% de nuestra inversión en el extranjero. Además sólo una de las empresas del Ibex 35 no tiene inversiones en paraísos fiscales.

TENDRÍA QUE SER  INTOLERABLE QUE UNA EMPRESA QUE ELUDE IMPUESTOS A TRAVÉS DE PARAÍSOS FISCALES PUEDA BENEFICIARSE DE CONTRATOS PÚBLICOS

El uso de paraísos fiscales es una práctica de elusión de impuestos  que produce grandes pérdidas en las posibilidades de financiación de los organismos públicos por lo que, parece bastante razonable que éstos incentiven y premien a las empresas que no llevan a cabo estas prácticas.

El Estado, como actor económico que contribuye en un 25 % al PIB mediante sus contrataciones públicas, tiene la capacidad de modelar el comportamiento de las empresas introduciendo criterios de responsabilidad fiscal en las compras que realiza. Asimismo los ayuntamientos tienen la posibilidad de tomar medidas de contratación municipal que incentiven la responsabilidad fiscal y desincentiven los comportamientos fiscales irresponsables. Tendría que ser  intolerable que una empresa que elude impuestos a través de paraísos fiscales pueda beneficiarse de contratos públicos.

En 2009 diversas organizaciones sociales europeas lanzaron la campaña Tax Haven Free que hacía un llamamiento a ciudades y gobiernos locales para que se posicionasen en contra de la utilización de los Paraísos Fiscales.

Con estas campañas se consiguieron los siguientes resultados:

- En Francia varias ciudades importantes como Estrasburgo y Grenoble, incluyeron requerimientos de transparencia fiscal empresarial en sus políticas de contratación pública y se está empezando a trabajar el tema en el Ayuntamiento de Paris.

- En Suecia, el Ayuntamiento de Kalmar, al sur del país, aprobó en su reglamento de contratación la prohibición de contratar empresas vinculadas a paraísos Fiscales.

- En Finlandia, el Ayuntamiento de Helsinki está poniendo en práctica un proyecto piloto para incluir requerimientos de transparencia fiscal a las empresas que pretendan concurrir a una licitación pública.

En Reino Unido existe la iniciativa Fair Tax Mark que invita a las empresas a implementar una certificación de comportamiento fiscal responsable como rendición de cuentas a la ciudadanía y para demostrar su compromiso con la responsabilidad fiscal de cara a la contratación con las administraciones.

En España, la Iniciativa Zonas Libres de Paraísos Fiscales, impulsada desde Oxfam Intermón, persigue provocar cambios en la política de contratación de entidades públicas mediante la inclusión de criterios necesarios para diferenciar a las empresas que concurren a las convocatorias de contratación según su grado de responsabilidad fiscal. A la hora de valorar una oferta, uno de los aspectos que debería ser penalizado en el sistema de puntuación tendría que ser la presencia del  grupo empresarial en paraísos fiscales.

DE NOSOTROS DEPENDE CÓMO CIUDADANÍA QUE LAS INCIATIVAS CONTRA LOS PARAÍSOS FISCALES TENGAN RECORRIDO Y SE VAYAN IMPLANTANDO EN EL ADNDE NUESTRA CONTRATACIÓN PÚBLICA

La iniciativa se plantea inicialmente a nivel municipal ya que este ámbito es el más cercano a la ciudadanía y donde ésta tiene más influencia. Partiendo de este ámbito es posible hacer más visible la necesidad de un debate público y político sobre la introducción de unos valores éticos y sociales en la contratación pública.

A partir de la información presentada en el ayuntamiento por las empresas interesadas en contratos públicos, se estudia el grado de presencia en paraísos fiscales penalizando este aspecto y primando a las empresas con comportamientos más responsables; dentro de unos límites ya que ni la legislación española ni la europea permiten excluir ni discriminar negativamente a empresas por esta razón.

Es importante que esta información y resultados sean transparentes de cara a la ciudadanía; lo que contribuirá de igual forma a modelar el comportamiento fiscal de las empresas por la posible repercusión negativa de estos temas en su reputación.


INICIATIVAS EN ESPAÑA EN CONTRA DE LOS PARAÍSOS FISCALES

En Madrid Oxfam Intermon participa en la plataforma de JUSTICIA FISCAL junto con otras organizaciones como Economistas sin Fronteras, Attac, Observatorio de la RSC, USO, CCOO, Alianza contra la Pobreza y FONDGCAM; para tratar de hacer incidencia política en los ayuntamientos madrileños.

En Cataluña se está trabajando desde la Plataforma por una fiscalidad Justa y Ayuntamientos como Mataró y Sant Cugat aprobaron una moción por la que se declaran Zonas Libres de Paraísos Fiscales, a partir de la cual se comprometen a estudiar y activar los mecanismos necesarios para dificultar la contratación de empresas vinculadas a paraísos Fiscales.  Asimismo el Parlament de Catalunya aprobó otra moción.

Otros ayuntamientos de Cataluña han aprobado también mociones como Olot, Barcelona, Mataró, Sant Cugat y Vilanova i la Geltru

En Baleares, el ayuntamiento de Palma de Mallorca ha incorporado en su Código Ético la prohibición de contratar con empresas vinculadas a paraísos fiscales.

También en otras partes de España,  Ayuntamientos como Sevilla o Alicante, entre otros, han firmados mociones para declararse Zonas Libres de Paraísos Fiscales.

Aquí, en Zaragoza, se aprobó un decreto que prohíbe la contratación con empresas con prácticas ilegales en Paraísos Fiscales.

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